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Las medidas tomadas por las entidades financieras para evitar la exclusión bancaria no están resultado suficientes y, siendo los servicios bancarios un verdadero derecho de ciudadanía, los poderes públicos deben articular los instrumentos necesarios para garantizarlo.
En concreto, es necesario garantizar el servicio que ofrece un cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera (4115 municipios sin acceso al efectivo).
Los aproximadamente 1000 € mensuales de coste de amortización y funcionamiento de un cajero requieren un volumen de operaciones que difícilmente se cubren en pequeños municipios. Por su escasa rentabilidad ese servicio no ha sido cubierto o incluso abandonado en muchos lugares por parte de las entidades privadas. Pero los ciudadanos tienen derechos. Existe una rentabilidad …
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